La idea no podría ser mejor, y llegó a hacer muy ricos a no pocos empresarios: una organización contrataba a empresas externas para hacerse cargo de parte de la actividad o producción de otra; esto es, una empresa se encargaba de conseguir el talento humano para otra, sin que el contratado perteneciera a la nómina de la compañía donde habría de trabajar, sino de la que lo contactó. Para que fuera legal, un outsourcing debería de pagar cuotas obrero patronales y otras de ley en cantidades exactas, así como declaraciones: IVA, ISR, etc. y presentar reporte de ello; sin embargo, muchas no lo hacían.
Se les criticaba que los subcontratados al no ser pagados por la compañía donde prestaría el servicio no tenían el incentivo de lealtad hacia ella. A pesar de que la tarea fuera continua, se les contrataba por obra. Además, este tipo de contrato facilitaba los despidos arbitrarios o bien que en cualquier momento los trabajadores cambiaran a otro trabajo mejor. O que favorecía la eliminación de puestos laborales; que la temporalidad, la subcontratación y el empeoramiento de las condiciones de trabajo terminaban repercutiendo en la salud laboral.
Para que en 2012 el ex presidente Felipe Calderón pudiera imponer el outsourcing, tuvo que hacer una propuesta legislativa que haría 665 modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Hoy, el argumento de López Obrador para echarlas abajo es que cada fin de año este esquema despide en forma masiva a 4.6 millones de empleados aproximadamente sin reconocerles derechos laborales como aguinaldo y reparto de utilidades.
Lo que se criticaba a la propuesta calderonista era también la contratación por períodos de prueba (de 1 a 7 meses), contratos de capacitación inicial a 3 o 6 meses, y para trabajo temporal; además que, al tratarse de un salario por unidad de tiempo, el trabajador y el patrón convendrían el pago por cada hora de prestación del servicio, sin exceder la jornada máxima legal. En todo caso, la beneficiaria del outsourcing estaba obligada a cerciorarse de la solvencia económica de la contratista y que ésta cumpliera con sus obligaciones en materia de seguridad y salud.
En esta decisión, algunos críticos la ven como meta al proceso electoral de 2021, y hasta encuentran la mano del padre de Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani, para otorgar todo el poder a su hija y a la Secretaría que preside. ¿Por qué? porque el outsourcing ahora se llamará “Servicios especializados” y la STPS será quien dé las autorizaciones, revise las empresas y sindicatos interesados para que estén al corriente en sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Autorizaciones que deberán ser renovadas cada tres años.
Este poder sobre casi 5 millones de trabajadores podría impactar también en los afanes políticos de la madre de la Secretaria del Trabajo, doña Bertha Lujan, quien al ser Consejera Nacional de Morena tiene sin duda intereses políticos, sobre todo a la hora de seleccionar los candidatos para las próximas elecciones y para establecer las alianzas políticas. Todo es como usted lo quiera ver. O, ¿será que algunas de las empresas outsourcing han estado financiando al movimiento FRENAAA y a Mexicanos contra la Corrupción?
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