Un académico que, sin duda, ha investigado en campo a la delincuencia organizada internacional ha sido el Dr. Edgardo Buscaglia y, respecto a la presencia de los carteles en México, y otros temas, conversó vía zoom con este corresponsal, al que reveló, entre otras cosas, cómo está compuesto al momento el mapa territorial actual de estos grupos en el país. Actualmente existen tres principales grupos criminales con presencia internacional (“donde excluyo a Los zetas”): uno es el Cartel de Sinaloa, CDS, que rodea al ‘Mayo Zambada’ y uno de sus hijos, con presencia en 76 países; el del “El Mencho” (CJNG) en 41 naciones, y después estarían el Cartel del Noreste y el del Golfo con presencia en menos países.
Para ser considerada ‘Delincuencia Organizada Trasnacional’ –destacó Buscaglia–, deben cumplir cuatro dimensiones: Protección política, que puede ser muy operativa como la de Javier Duarte en Veracruz; empresarial, que además de lavar dinero cuenten con flotillas de transporte, taxis, galpones de almacenamiento y dimensión legal: empresas constructoras, agropecuarias, inmobiliarias, etcétera; la dimensión civil, que cuentan con el disfraz religioso o de ONGs, y se meten en el tejido social, dando a la gente –ante la ausencia del Estado– alimento, medicinas, préstamos, donaciones, obras, etc. La última es la operativa, que es la dimensión que asesina, amenaza, secuestra, y desaparecen personas para proteger su propia estructura.
La penetración de los grupos criminales no es culpa de López Obrador, nada más, ni de ninguno de los gobiernos pasados; esto es debido a falta de barreras de control (como las que ha recomendado en sus libros) y al proceso de crecimiento de estas redes, a lo largo de los pactos de impunidad política, como el confesado al aire en entrevista (octubre 2014) por Carlos Navarrete, presidente entonces del PRD, donde dijo que “no hay contrato firmado, pero existe un pacto tácito de impunidad entre los políticos”.
Hablamos de crear instituciones de control patrimonial en campañas, precampañas, partidos, auditorías independientes y, las evitan, recalca Buscaglia, porque saben que llega el dinero sucio y se suma (y confunde) con el limpio… “Eso es lo que me cuentan los contadores de los partidos con quienes yo hablo”.
El también investigador de la Universidad de Columbia aseguró que ahí tienen corresponsabilidad los dirigentes de todos los partidos, sin ninguna excepción. Claro que también la tiene el presidente “por no haber empujado las reformas que impulsaron los países medianamente institucionalizados que han combatido adecuadamente la delincuencia organizada, de acuerdo a las leyes internacionales que México ha firmado y que el presidente López Obrador debió haber aplicado y no lo hizo”.
Como lo ha repetido ya en varios espacios, las auditorias independientes de campañas políticas deberían ser aleatorias –dijo– sin ningún tipo de delito denunciado, preventivas, como las que hace el Servicio de Administración Tributaria, SAT, a cualquier ciudadano y que son parte de los controles que los países tienen para que no les penetren las mafias la política.
López Obrador piensa que a través de delegados o de controles puede mandar gente y controlar a la fauna política corrupta que ya se acostumbró a gobernar México; como gobierna en Chiapas desde la época de Velasco y durante la época actual. Esta gente se encuentra con una delincuencia organizada que ya gobierna a nivel local y, cuando no los dejan gobernar, asesinan como lo están haciendo con los diferentes pueblos chiapanecos que no se están dejando doblegar, con lo cual surgen las autodefensas.
Agregó Buscaglia que la práctica de gobernar de la delincuencia, se hizo que se acostumbrara a comprar políticos como se compra una “Coca-cola”, por lo que, si no introduce a la fuerza estas auditorías independientes a campañas, precampañas y partidos, el dinero sucio va a seguir entrando a la política. “Es muy doloroso para los países el parto, en el nacimiento, de las democracias, para que pasen de mafiocracia a democracia y esto no pasará hasta que se pierdan más vidas de las elites más poderosas”.
Asignación social de bienes decomisados
Al Congreso mexicano y a las asambleas legislativas locales, comentó el investigador, ha presentado una ley modelo italiana que explica cómo se debe decomisar y reasignar socialmente los bienes decomisados para que la sociedad civil cuente con esa enorme cantidad de infraestructura incautada a las mafias: campos, fábricas, mansiones, carros, camiones, para que sean usadas para atención a víctimas y potenciales víctimas en riesgo, como periodistas y defensores de los derechos humanos.
“Fue presentada a gente como Lozano, Monreal, gente del PAN, Castillo… y a todos que se las hemos mostrado, a la hora de implementar no lo hacen; y la clase política, el pueblo, lo que ve es que estos bienes van a parar a los mismos políticos y a sus amigos, que son quienes terminan comprando esas casas a precios irrisorios, lo cual es corrupción”. Estas medidas que se aplican en 67 democracias del mundo, son normales en su implementación para combatir a estos grupos criminales y hacer que no se comporten como en México, Yemen, Afganistán o Pakistán, y se comporten como lo hacen en Alemania, Canadá o países donde las instituciones son fuertes.
Todas las libertades tienen un costo, como la de expresión, señala el académico respecto a que él sí puede decir sus argumentos; porque para que alguien pueda proponer estas reformas debe haber libertad en serio, no depender de gobiernos, ni de instituciones educativas; “no una libertad de expresión reguladita como la de México”.
La mayor parte de la gente que habla de estos temas en Washington, California, Virginia… “no le han visto al monstro la cara como tú” y defienden a García Luna diciendo que no hay pruebas suficientes como para poder indultarlo. “La primera labor de Jair Bolsonaro cuando llegó al poder fue tratar de implementar una contra-reforma electoral para volverlo como al sistema como el mexicano, para que las listas se cerraran, para que aplicaran tómbolas, encuestitas y dedazos, ése era su sistema político ideal”.
Hay gente buena en todos los partidos políticos, “en Morena, por ejemplo, está el Dr. José Agustín Ortiz Pinchetti, en la Fepade, a quien le tengo mucho respeto”, nunca hay que generalizar, pero “el sistema político y los partidos como organización son excremento utilizado por la delincuencia organizada para acrecentar su poder. El país, México, hizo metástasis como lo predije con ustedes (La Agenda del Emprendedor/Raúl Fraga y José Sobrevilla/astl.tv) hace más de diez años o con Carmen Aristegui hace como 15; me hubiera gustado haberme equivocado”.
Para evitar el encumbramiento de la delincuencia organizada, la época en que los zetas tiraban granadas en las plazas públicas, México deberá aplicar las leyes internacionales de las Naciones Unidas, que México firma con sus inútiles diplomáticos tomando champagne, y que no las aplican porque hacerlo implicaría que se les acabara la “dulce vida”; y por ello estamos en más ríos de sangre y periodistas asesinados.
“Acabo de leer que asesinaron a otro periodista, van más de 40 en el gobierno de López Obrador; es el país en el que más periodistas asesinan en el planeta. Eso te está diciendo que toda persona que investiga la delincuencia organizada, que escribe lo que digo yo, y que trata de hacer públicos sus negocios, termina bajo tierra”. Hoy, el cofundador de la Asociación Interamericana e Ibérica de Derecho y Economía, confió que está escribiendo un prefacio para un libro dedicado a 222 personas que fueron asesinadas por la delincuencia organizada en Italia. Es un libro donde cada capítulo está dedicado a cada una de esas personas con nombre y apellido, funcionarias municipales, periodistas, sindicalistas, maestras, gente normal, de a pie, que pagó con su vida su oposición a estos grupos criminales. “Lo que yo no quiero es seguir escribiendo estos prefacios a futuro. En eso estamos, previniéndolo, Don Pepe”.
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