Madre denuncia omisiones, acoso institucional y demandas judiciales en su contra tras denuncia pública
- Caso de violencia escolar reabre debate sobre protocolos, derechos de infancia y responsabilidad de colegios privados en México
Por Eduardo Esquivel Ancona
El caso de una adolescente víctima de bullying en una escuela privada del Estado de México volvió a encender la discusión pública sobre la violencia escolar, la falta de aplicación de protocolos de protección infantil y el papel de las autoridades educativas ante denuncias de acoso en instituciones particulares.
A partir de una denuncia difundida en plataformas digitales, Regina Cruz —madre de una menor afectada— narró a Domo de Cristal una serie de hechos que comenzaron en mayo de 2025 dentro del Instituto para la Educación Integral del Bachiller (INEDIB), una escuela privada ubicada en el Estado de México, donde su hija estudiaba desde nivel maternal.
De acuerdo con la madre, las primeras agresiones fueron verbales: apodos, burlas y comentarios ofensivos por parte de un compañero de secundaria. Sin embargo, aseguró que la situación escaló rápidamente a violencia física y aislamiento social. La estudiante habría sufrido jalones de cabello, patadas e insultos frente a personal directivo, sin que, según denuncia, existiera una intervención efectiva de la institución educativa.
La familia afirma que desde septiembre de 2025 ha presentado oficios dirigidos tanto a la escuela como a diversas autoridades educativas del Estado de México, incluyendo supervisión escolar, así como áreas administrativas de educación como la unidad de escuelas incorporadas, que da seguimiento a las escuelas privadas, solicitando la activación de protocolos contra el bullying y reuniones con los padres de los menores generadores de la conducta de acoso, sin obtener respuesta.
Regina Cruz sostiene que nunca hubo una respuesta integral y la escuela únicamente decidió hacer cambios de salón, medida que, lejos de resolver el problema, habría provocado que otros estudiantes se sumaran a las agresiones contra su hija.
La entrevistada cuestionó también la capacidad de atención emocional dentro de la institución educativa, al señalar que existía únicamente una psicóloga para aproximadamente 600 estudiantes entre primaria, secundaria y preparatoria.
Redes sociales, denuncias públicas y demandas
Ante la falta de respuesta institucional, Regina Cruz comenzó a publicar mensajes en redes sociales, especialmente en Facebook, denunciando el caso y exponiendo las omisiones de la escuela. Fue entonces cuando la institución educativa inició acciones legales en su contra por presunto daño moral y afectaciones a la imagen del colegio.
La madre explicó que recibió una demanda civil en la que la escuela argumenta una supuesta “campaña mediática de desprestigio”. Posteriormente, también fue notificada de un procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), donde se le acusa de utilizar el nombre de la institución de manera indebida.
Derechos humanos y escuelas privadas
Uno de los puntos centrales del caso es el debate sobre la responsabilidad de las escuelas privadas frente a situaciones de violencia escolar y derechos de la infancia. Regina Cruz afirmó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió una investigación relacionada con el caso, aunque aclaró que el organismo tendría limitaciones para actuar directamente contra instituciones privadas.
No obstante, la denunciante sostiene que la educación básica, aunque sea impartida por particulares, mantiene obligaciones vinculadas a derechos humanos y protección infantil, por lo que las autoridades educativas estatales no pueden deslindarse de la supervisión y vigilancia de estos planteles.
El caso también ha generado discusión sobre la aplicación de protocolos antibullying en México. Según la madre de familia, directivos escolares habrían minimizado la necesidad de activar formalmente dichos mecanismos, considerándolos “burocráticos”.
Especialistas en convivencia escolar han advertido durante los últimos años que el bullying puede derivar en ansiedad, depresión, aislamiento social e incluso conductas suicidas entre niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando las instituciones educativas no intervienen oportunamente.
Un problema creciente en México
La violencia escolar se ha convertido en una de las principales preocupaciones en el sistema educativo mexicano. Casos de acoso, ciberbullying y exclusión social han aumentado su visibilidad debido al impacto de las redes sociales y la difusión de testimonios públicos por parte de familias y estudiantes.
En este contexto, el caso denunciado por Regina Cruz pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención, atención psicológica y protocolos obligatorios tanto en escuelas públicas como privadas.
La madre aseguró que, más allá de una compensación económica, su principal exigencia es que existan acciones restaurativas y garantías de no repetición para evitar que otros estudiantes atraviesen situaciones similares.
Mientras las investigaciones administrativas y judiciales continúan, el caso sigue generando debate sobre los límites de la libertad de expresión, la protección de la niñez y la responsabilidad institucional frente al bullying escolar en México.
Entrevista realizada el 19 de mayo en instalaciones de Domo de Cristal
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